Los Bienes en el proceso penal colombiano

La Ley establece en la actuación penal que los bienes o recursos pueden cumplir cinco tipos diferentes de finalidades, esto es como:

a) Elemento Material probatorio o Evidencia Física: Estos elementos se recolectan, no se incautan, y su recolección se realiza de acuerdo con los requisitos establecidos por el Sistema de Cadena de Custodia, su finalidad es servir de soporte o prueba de las hipótesis de la investigación, dicho de otra manera, como soporte o prueba que demuestra la ocurrencia de los hechos.

b) Objeto material de Ilícito: La definición más compartida es la del profesor y doctor Alfonso Reyes Echandía, quien lo define como: “(...) aquello en lo que se concreta la vulneración del interés jurídico que el legislador pretende tutelar en cada tipo penal y al cual se refiere la acción u omisión del agente (...)” (Tomado del libro Derecho Penal de la Editorial Temis.)

c) Función resarcitoria o de reparación de perjuicios: Son aquellos bienes susceptibles de valoración económica, que la autoridad puede incautar con el objetivo de indemnizar a las víctimas del delito, esta figura se desarrolla en el artículo 92 del código de Procedimiento Penal en adelante. 

d) Pena, comiso: Su finalidad es servir de sanción para que el autor o los partícipes de un delito, pierdan en favor del Estado todos aquellos bienes que:

• Fueron instrumentos y efectos con los que se cometió la conducta punible y que no tiene libre comercio.

• Fueron instrumentos y efectos que provienen de la ejecución de una conducta punible y que no tienen libre comercio. 

• tenga libre comercio, que pertenezcan al penalmente responsable, y que fueron usado para la realización de la conducta o provienen de su ejecución, siempre que el delito sea doloso. 

• son del penalmente responsable, que provienen o son producto directo o indirecto del delito, o sobre aquellos utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumentos para la ejecución del mismo.

Lo anterior  de acuerdo con lo establecido en el artículos 100 del Código Penal y el artículo 82 del código de Procedimiento Penal.

e) Susceptible de extinción del derecho de dominio: Su finalidad es perseguir los bienes obtenido de actividades ilícitas o con deterioro grave de la moral social, de acuerdo con lo descrito en la Ley 1708 de 2014 o Código de Extinción de Dominio.

De acuerdo con las funciones relacionadas,  es relevante en este punto establecer un limite diferencial, acerca del cómo podemos llegar a diferenciar un “Bien” de un “Elemento Material Probatorio y Evidencia Física” (EMP y EF), si pretende abordar estos dos conceptos desde la epistemología de la investigación criminal, o desde la profundidad conceptual que el tema ameritaría, sino simplemente, buscando ofrecer claridad o una herramienta sencilla, en un leguaje sencillo, acerca de la forma en que podría hacerse una distinción simple y llana entre estos dos conceptos, así:

Lo primero que debe hacer, es realizar un examen o una llana reflexión desde la experiencia, desde el saber, desde la intuición, escudriñando en su memoria sí acaso ese elemento que tiene en frente, le señala algo, sí acaso le responde sus interrogantes, si acaso le confirma algún hecho, o si fue el instrumento con el que se cometió el delito.

En caso de que alguna o varias de esas cuestiones se las conteste de manera afirmativa, usted estaría frente a un EMP y EF, pero sí, al contrario, en su reflexión o examen, se encuentra con que ese elemento, sirve para reparar a la víctima, tiene valor económico, o es algo que debería estar fuera del comercio, o fue el objeto del delito, o es susceptible de valoración económica, entonces usted está en frente de bien y debe tratarlo como tal.

Ese examen o reflexión, inicialmente lo realiza el Policia Judicial, y se lo debe comunicar al fiscal, quien será el encargado de establecer jurídicamente la finalidad que a su saber considera es la adecuada; advirtiendo, eso si, que un elemento podría llegar a tener varias funciones dentro del proceso penal, razón por la cual, siempre que sea necesario (el valor económico del elemento lo convierte en un bien y es la clave), se puede priorizar el elemento como evidencia o elemento material probatorio para extraer de este su capacidad demostrativa, pero sin dejar nunca de lado los otros elementos jurídicos que permitirán su administración futura.

Actuaciones de Policía Judicial. 

Prácticamente en todas las actuaciones de policía judicial (PJ) enunciadas en la Ley 906 de 2004 y desarrolladas por el Manual Único de Policia Judicial, pueden resultar en la afectación, aprehensión o recolección de bienes para el proceso de investigación y judicialización penal, los cuales deberán cumplir alguno o varias de las funciones arriba mencionadas.

Estas actuaciones de la PJ, durante el proceso de indagación e investigación, se clasifican en dos grupos, (I) Las que se realizan por iniciativa propia del PJ y control posterior del fiscal*5 y los que (II) se realizan por orden previa del fiscal y control posterior del juez de control de garantías*6.

Se resalta, que todas estas actuaciones están definidas desde la pagina 14 del Manual Único de Policia Judicial, expedido por la Fiscalía General de la Nación, el cual debe ser consultado para profundizar sobre la temática.

Sobre este punto, es importante destacar, como ya lo desarrollemos en el titulo referente a ¿Cuál debería ser el “Procedimiento” a aplicar?, que todos los bienes incautados o aprehendidos, o todos elementos recolectados por los funcionarios de policía judicial, deben estar uno a uno debidamente inventariados y relacionados en los informes de policía, manifestando las condiciones de modo tiempo y lugar  que dieron origen a comprometerlos dentro de la investigación penal.

NOTA: Tanto la Incautación como la ocupación de bienes deben ser siempre sometidos al respectivo control de legalidad.

Registros y Allanamientos*7. 

Desde luego en los procedimientos de registro y allanamiento, pueden verse afectados bienes llamados a cumplir alguna o varias de las funciones enunciadas en la Ley. Es bien importante tener siempre presente los términos, las oportunidades y las exigencias legales en materia de bienes. Así, sobre este punto, y no obstante ser un tema que será ampliado en el capítulo referente al “Procedimiento”, es bien importante resaltar como una noción general que:

En el evento de desestimar los resultados del allanamiento por hallarse viciada la orden por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos en el Código de Procedimiento Penal, o si fuere declarado ilegal por el Juez de Control de Garantías y se hubiesen aprehendido bienes o recolectados elementos materiales probatorios y evidencia física, se procederá de la siguiente manera*8: 

• Sí se trata de bienes de libre de comercio, se devolverán de plano a quien acredite su derecho.

• Sí se trata de bienes de libre comercio, pero están vinculados a otras actividades delictivas, se pondrán a disposición del funcionario que los requiera. 

• Cuando se trata de bienes por fuera del comercio, debido a su naturaleza, se les dará el tratamiento previsto para cada caso en particular de acuerdo con su naturaleza (Ej. En el caso de estupefacientes se procederá a su destrucción; si se incautan armas se remitirán al Departamento de Comercio de Armas del Comando de las Fuerzas Militares). 

Pero, de hallar el procedimiento ajustado a derecho, el fiscal delegado, dentro de las "24 horas"*9 siguientes al recibo del informe de policía judicial, solicitará al Juez de Control de Garantías en audiencia preliminar realizar el respectivo control de legalidad formal y material, para lo cual el fiscal deberá argumentar sobre la base de los motivos fundados que tenía para expedir dicha orden*10.

NOTA: Los EMP y EF son elementos que bastan con ser hallados, embalados, registrados, rotulados y recolectados para involucrarlos como parte del proceso penal, solo así sin más; Sin embargo, tenga siempre en consideración que la ley expresamente consagra cinco circunstancias que obligan al juez de control de garantías a verificar la legalidad de la actuación, que resulta en la recolección de EMP y EF, esto es: (1) al cumplimiento de las órdenes de registros, (2) allanamientos, (3) interceptación de comunicaciones, (4) retención de correspondencia, (5) recuperación de información dejada al navegar por internet, “u otros medios similares”, impartidas por la Fiscalía (Arts. 154-1 y 237). Sí estas actuaciones y sus resultados (el hallazgo de los EMP y EF) no se someten al control de legalidad por parte del Juez de Control de Garantías, se genera la invalidez de la diligencia y por ende "los elementos materiales probatorios y evidencia física que dependan de esas actuaciones carecerán de valor y serán excluidos de la actuación" ( Ver Art. 232 CPP).