Los Bienes en el proceso penal colombiano

Las reglas generales y procedimentales que en publicaciones anteriores a esta he dejado planteadas, si bien son transversales y de aplicación a todos los casos, es relevante también hacer notar, que existe una normatividad que es especial y puede ser aplicable a ciertos tipos de bienes, principalmente en razon a su naturaleza.

Como algunas de estas reglas pudieron haber sido expedidas con anterioridad a las reglas generales ya explicadas en otras publicaciones, vale la pena resaltar el criterio de especialidad de la Ley, a través, de ese principio de derecho que en su aforismo jurídico en latín reza: “Lex posterior generalis not derogat priori speciali”, el cual, explicado en palabras tomadas directamente de la Sentencia No. C-005/96, se entiende como:

 “(…) El artículo 5º de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta el criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3º de la Ley 153 de 1887 y 5º de la Ley 57 del mismo año(…)”. (Subraya y negrilla fuera de texto)

De hecho esa salvedad por lo general, no es extraña encontrarla como una condición en los artículos de las leyes penales que tratan sobre la afectación, la custodia o la administración de bienes, pues estos finalizan por ejemplo de la siguiente manera:

• "(...) así como aquellos que por su destinación específica establecida en leyes especiales deban ser administrados por cualquier otra Entidad." Parágrafo segundo del artículo 6 de la Ley 1615 de 2013.

• "(...) a menos que la ley disponga su destrucción o destinación diferente" artículo 82 del Código de Procedimiento Penal.

No esta demás en este punto también resaltar que en Colombia, la costumbre “contra legem” en ningún caso tiene fuerza contra la ley, no genera legalidad alguna, así que aquellas actividades que se realizan en oposición a lo prescrito por Ley están explícitamente fuera de orden, toda vez que en nuestra legislación solo puede ser consideradas costumbres jurídicas aquellas a favor de la ley y las que se encuentran no reguladas por la misma. (Sentencia No. C-224/94) Este factor es clave, pues algunos por desconocimiento en esta materia aplican equivocadamente la Ley.

Después de ese pequeño contexto, a continuación enuncio entonces algunas reglas que regulan casos u bienes especiales, que en múltiples contextos, “rozan” con la actividad de investigación y judicialización penal.

1. ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS*2:

La custodia y administración de las armas de fuego, municiones y explosivos le competen (de acuerdo con la Constitución y la Ley*1) a las Fuerzas Armadas, a través del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, el cual se encuentra presente en treinta y siete seccionales a nivel País; de allí, que siempre hay que exigirles a las autoridades respectivas en la materia, que ordenen su custodia a cargo de esta Entidad. La justificación legal respectiva, la encontramos en:

La Constitución Política artículo 223: respecto del aseguramiento del monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado.

El Decreto 2535 de 1993 “Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos”. Subrayo los artículos 83 al 89, en donde encontrarán la figura de la incautación y el decomiso (ojo, la figura del “comiso” no aplica para armas de fuego, toda vez que los particulares en Colombia no son los dueños de las armas, ellos son meros tenedores que las portan por un salvoconducto o préstamo que les hace el Estado).

Así mismo del citado Decreto resalto también el artículo 84, el cual establece el plazo general de entrega de esta clase de elementos a la autoridad competente de su custodia de la siguiente manera: 

Artículo 84. Incautación de armas, municiones y explosivos. La incautación procede en todos los casos en que se posea o porte un arma, munición o explosivo y sus accesorios sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Decreto. La autoridad que incaute está en obligación de entregar a su poseedor un recibo en que conste: Lugar y fecha, características y cantidad de elementos incautados (clase, marca, calibre, número y estado) nombres y apellidos, número del documento de identidad y dirección de la persona a quien se le incautó, cantidad de cartuchos, vainillas u otros elementos incautados, número y fecha del vencimiento del permiso, unidad que hizo la incautación, motivo de ésta, firma y postfirma de la autoridad que lo realizó.

La autoridad que efectúa la incautación deberá remitir el arma, munición o explosivo y sus accesorios y el permiso o licencia al funcionario competente, con el informe correspondiente en forma inmediata.

Parágrafo 1° El incumplimiento de lo aquí dispuesto, por parte de las autoridades se considerará como causal de mala conducta para efectos disciplinarios. (Negrilla y subraya fuera de texto)

El artículo 32 del Decreto 1809 del 03 de agosto de 1994 que consagra lo siguiente: “El material decomisado a que se refiere el artículo 93 del Decreto 2535 de 1993, deberá ser remitido al Comando General de las Fuerzas Militares.”

La Ley 1119 de 2006, por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones, que entre otros aspectos modificó también el artículo 90 del Decreto Ley 2535 de 1993.

La Directiva permanente del Ministerio de Defensa número 00021 de 2009*3  y la Orden S-2016-304651 DIPON-DIJIN de noviembre 08 de 2016 de la Dirección General de la Policia Nacional de Colombia, en la que se estableció que no solo los armerillos de las Fuerzas Militares deben custodiar armas, municiones y accesorios incautados, decomisados, en depósito temporal, devueltos o entregados al Estado y/o bajo control y custodia en Unidades Militares, esta responsabilidad, también esta a cargo y es competencia de cada una de las unidades de la Policía Nacional.

De hecho, es la S-2016-304651 DIPON-DIJIN de noviembre 08 de 2016, la que le ordena a todos los Comandantes de Región, Metropolitanas y Departamentos de Policía, como institución que hace parte del Ministerio de Defensa, se hicieran igualmente cargo de este deber legal, así:

• “(…) Orden de recibir todo el material incautado vinculado a un proceso que sea puesto bajo su control y custodia por las autoridades judiciales (…)

• (…) así las cosas, los señores Comandantes de Región, Metropolitanas y Departamento de Policia se servirán ordenar a los jefes de almacén de armamento de sus unidades bases, recibir todo el armamento que se encuentre en calidad de custodia que cumpla con las especificaciones mencionadas en la citada Directiva y que se hallen en custodia de las seccionales y unidades básicas de investigación, así como las que se encuentran en las Unidades de Reacción Inmediata URI a nivel país de acuerdo a su jurisdicción.

• Para tal fin, se deberá adecuar un único Almacén de armamento por comando de unidad que cumpla con las condiciones, características técnicas, medidas de seguridad integral operativa (cámaras de seguridad, sistemas de alarma, extintores, libro para el registro y control de evidencia física y mecanismos de cierre seguros, entre otros) bajo los parámetros establecidos en la Resolución de la Fiscalía General de la Nación número 000435 de diciembre 31 de 2004 “Manual de procedimientos bodega de evidencia (…)”

Así las cosas, el marco legal aplicable precisa darle una destinación específica al material de guerra que sea incautado, decomisado, retenido o aprehendido y por consiguiente, los elementos tales como armas, explosivos y municiones deben ser entregados y custodiados por las Entidades a cargo de su custodia.

Finalmente y en concordancia con los argumentos expuestos, es procedente resaltar que en el Manual de Procedimientos para Cadena de Custodia, expedido por la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Policía Nacional, en sus páginas 9, 10, 14 y 28, este aspecto se encuentra allí destacado.

2. ESPECÍMENES SILVESTRES O RECURSOS PROCEDENTES DE EXPLOTACIONES ILEGALES, SUSTANCIAS CONTAMINANTES O PELIGROSAS PARA LA SALUD HUMANA, ESPECIES FAUNA Y FLORA (INCAUTACIÓN, DECOMISO, DESTRUCCIÓN Y EVIDENCIAS):

Su custodia y administración le competen, a las entidades señaladas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, es decir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y los establecimientos públicos de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, así como también a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

El marco normativo aplicable lo encontramos en:

• Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”, puntualmente en los artículos 5, 23 y 85, donde se establece que el decomiso como medida preventiva o sancionatoria que trata esta ley, se aplica sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

• Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones” – destacando los artículos:

-  Artículo 13 parágrafo 3º figura del decomiso preventivo,

-  Artículo 21 parágrafo,

-  Artículo 38 figura del decomiso y la aprehensión preventivos,

-  Artículo 40 quién impone la infracción (ojo con el decomiso definitivo del numeral 5º y parágrafo 1º de este artículo),

-  Artículo 41 prohibición de devolución de especímenes silvestres o recursos procedentes de explotaciones ilegales.

-  Artículo 47. decomiso definitivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.

-  Artículo 50 disposición provisional en materia de aprehensión preventiva de especímenes de especies de flora y fauna silvestres. OJO “En los eventos de decomiso preventivo en los cuales la autoridad ambiental no cuente con las instalaciones, infraestructura o equipos necesarios para mantener en forma adecuada los individuos o especímenes de fauna y flora silvestres utilizados en la comisión de la infracción ambiental, se procederá a ubicarlos provisionalmente en Centros de Atención y Valoración, CAV, hogares de paso, zoológicos, jardines botánicos u otros sitios aptos para tal efecto.

- Artículo 52. disposición final de fauna silvestre decomisados o aprehendidos preventivamente o restituidos Parágrafo 2º. Para garantizar la evidencia en los procesos penales, las autoridades ambientales conservarán documentos, registros fílmicos o fotográficos y de todos los demás medios que puedan constituirse como prueba en esos procesos y los conservarán y allegarán a los respectivos procesos penales en las condiciones que la ley exige para la cadena de custodia.